Diputados rechazan pedido de devolución del proyecto de adhesión al RIGI

En una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se discutieron dos proyectos de ley para que la Provincia se adhiera al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Durante el plenario, el diputado provincial Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño, solicitó que el proyecto enviado por el Ejecutivo fuera devuelto, alegando errores de forma y fondo en su redacción.

Ávila argumentó que la iniciativa oficial contenía referencias incorrectas y errores de copia y pega, citando una mención a la provincia de Río Negro. “Es una falta de respeto a este cuerpo y una muestra de los reiterados errores del Ejecutivo”, declaró Ávila. Además, señaló la ausencia del capítulo séptimo de la ley nacional, que supuestamente debía ser incluido en el proyecto.

El diputado insistió en que no se podía tratar un proyecto incompleto y solicitó que se devolviera al Ejecutivo para su corrección total antes de ser discutido nuevamente. Sin embargo, su planteo fue rechazado por la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, quien recordó a Ávila la aceptación de un proyecto previo suyo, a pesar de sus fallos.

A pesar del rechazo, ambos proyectos de adhesión al RIGI, tanto del Ejecutivo como del bloque de la Libertad Avanza, fueron remitidos a las comisiones de Hacienda y Finanzas, Minería e Industria, y Comercio, Turismo y Deportes para su análisis.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fernando Ávila, mostró confianza en que la adhesión al RIGI será aprobada, destacando el buen diálogo con los diputados oficialistas. Aunque el oficialismo cuenta con los números necesarios en la Cámara (24 de 41 diputados), las divisiones internas, especialmente entre los legisladores kirchneristas, podrían complicar la aprobación del proyecto sin el apoyo unánime del bloque de Unión por la Patria-Frente de Todos.

Ávila enfatizó la importancia del diálogo y el respeto a las opiniones individuales dentro del ámbito institucional, subrayando que, aunque existan diferencias, la decisión final debe considerar el bienestar institucional.